POR ANA BARON
Fue ayer, en Washington, ante la Corte Suprema. Un emisario de Barack Obama avaló la postura argentina de no revelar cuáles son los activos que podrían ser embargados en los Estados Unidos.
WASHINGTON. CORRESPONSAL - 22/04/14
“Si Argentina tuviese una carnicería en Italia, ¿pueden sus acreedores (léase los fondos buitres) exigir información sobre esa carnicería a los bancos para poder embargar sus famosos y sabrosos bifes?”.
Palabras mas, palabras menos, esta pregunta del juez John Breyer fue la que mejor definió el tema en discusión ayer durante la audiencia en que los fondos buitre y la Argentinatuvieron su primer cara a cara ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y en la que la administración de Barack Obamase pronunció por primera vez oralmente en favor de la Argentina.
Lo que estuvo en juego es si los fondos buitre pueden exigir al Bank of América y al Banco Nación información sobre los activos que Argentina tiene el exterior para poder cobrarse los fallos por más de 1.300 millones de dólares que tienen a su favor.
Al final de la audiencia fue difícil establecer quién fue el ganador. Hubo muchos indicios de que los jueces buscan un compromiso entre la posición de los fondos buitres que quieren información sobre absolutamente todos los activos que tiene Argentina en el exterior y la posición del país que no quiere dar ningún tipo de información.
Esto significa que el fallo que anunciarán en junio podría ser mixto. La Corte permitiría que los fondos buitre tengan acceso a cierta información sobre los activos comerciales argentinos en el exteriorpero pondrá restricciones y excluirá propiedades diplomáticas, militares y otras relacionadas con la seguridad nacional, como también la “propiedad de un ex presidente”.
Durante la audiencia, el abogado defensor de Argentina, Jonathan Blackman, afirmó que exigir a los bancos que revelen la existencia de la hipotética carnicería de Breyer o de cualquier otro activo argentino en el exterior viola el Acta de Inmunidad Soberana.
El representante del Procurador general de EE.UU., Edwin Kneedler,coincidió diciendo que el gobierno de Obama estaría “muy preocupado si tribunales de otros países ordenaran decir a sus acreedores extranjeros los bienes que tienen en el mundo”.
El abogado de los buitres, Ted Olson, insistió sin embargo con que Argentina renunció a la inmunidad cuando firmó el contrato de venta de los bonos en default que hoy poseen los fondos.
Los nueve jueces que conforman la Corte Suprema cuestionaron duramente los argumentos de los tres abogados. Actuando como verdaderos “abogados del diablo”, buscaron establecer quién tiene razón ametrallando con preguntas y comentarios súper críticos. Fue llamativo cuánto sabían del tema. Como es su costumbre el único que permaneció en silencio fue el republicano Clarence Thomas. “Nunca interviene durante la audiencias”, explicó a Clarín un funcionario de la Corte Entre los demás jueces, los más activos fueron los demócratas Ruth Ginsburg y Stephen Breyer. El más pícaro e irónico fue el republicano Antonin Scalia. Por ejemplo, cuando Edwin Kneedler dijo que varios países le habían expresado al Departamento de Estado su preocupación, Scalia reaccionó con virulencia: “Y si esto es tan horrible como usted dice, no tendríamos que haber tenido algunos documentos (léase amicus curiae ) de esos países”. De hecho, de los tres abogados, Kneedler demostró ser el menos preparado para los zarandeos de los jueces y no ayudó mucho a la causa argentina.
Blackman también padeció el mismo trato cuando insistió sobre la preocupación de los gobiernos soberanos. Scalia repitió que consideraba “extraordinario que no haya ningún amicus curiae de los países extranjeros, los presentan todo el tiempo. A lo mejor Argentina les debe plata” disparó.
Ted Olson fue muy articulado. Pero cuando sugirió que si Argentina no hubiese renunciado a su soberanía en los contratos nadie compraría los bonos, el Presidente de la Corte John Roberts le preguntó: “¿Qué tiene que ver eso con este caso?”.
